12 Marzo 2022.  La inminente ley audiovisual que prepara el Gobierno español amenaza seriamente a la producción independiente española.

   A continuación reproducimos el texto divulgado por la P.A.P a consecuencia de lo expuesto anteriormente:

  El proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual recientemente enviado por el Gobierno al Congreso aún no ha iniciado su tramitación pero ya ha despertado la alarma en el sector de las productoras independientes, que llevamos meses tratando de evitar que la ley sea finalmente aprobada en los términos en que está redactada en este momento.

  Tras dos periodos de información pública en los que no se aceptó ni una sola de las alegaciones que presentamos, todos nuestros contactos con el Gobierno han encontrado el muro de un texto redactado pensando única y exclusivamente para facilitar a cualquier precio que España se convierta en el Hub audiovisual de Europa y que a nuestro país acudan a rodar las grandes compañías internacionales. El objetivo nos parece excelente pero no al precio de laminar nuestra propia industria audiovisual, relegándola a una mera industria auxiliar de las productoras internacionales.

  El Proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual ha sido elaborado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y obvia por completo el carácter cultural del sector de la producción audiovisual, poniendo el foco exclusivamente en la atracción de inversores internacionales. Esta apuesta estrictamente económica valora la red de producción española únicamente en su faceta de proveedor para terceros, desdeñando la capacidad creativa, innovadora y el valor, sin duda también económico, de los derechos de propiedad intelectual de la industria audiovisual española.

  Desde P.A.P. hemos tratado infructuosamente de que se tenga en cuenta que nuestro país es atractivo para la producción internacional no solo por el clima sino también porque hay un sector de productoras independientes extendido por todo el territorio, con capacidad técnica y económica, que ha demostrado su capacidad y su creatividad con éxitos indiscutibles en el mercado audiovisual internacional.

  Convertir a la producción española en una mera industria auxiliar de los grandes proveedores de contenidos, como pretende la Ley, seguramente generará negocio a corto y medio plazo, incluso para nuestro propio sector, pero despojará a nuestra industria de la capacidad de decisión, de su creatividad y a la larga acabará con la producción propia, quedando los derechos en manos de quien nos contrate, no de nuestra industria.

  Desde P.A.P. mostramos nuestra decepción al comparar la actitud del Gobierno con la de otros países europeos, que al trasponer la directiva Europea, han tenido buen cuidado en proteger su industria cultural, aun no estando obligados a hacerlo; todo lo contrario que en España, que ha redactado la Ley como si nada tuviera que ver con una industria cultural tan importante. Tampoco entendemos que el Ministerio de Cultura haya podido aceptar su marginación absoluta en la elaboración de esta ley o, lo que sería aún peor, su aceptación implícita de un texto como el que fue aprobado por el Consejo de Ministros.

  Nos resulta especialmente decepcionante que el Gobierno y el ministerio de Asuntos Económicos especialmente, demuestren una valoración tan cicatera del valor del sector audiovisual que incluso han llegado a dar credibilidad a bulos como que la industria audiovisual española sería incapaz de generar producción suficiente para que se cumplan los porcentajes de producción a los que vienen obligados los prestadores de servicios.

  Desde P.A.P. vamos a seguir tratando de que los grupos parlamentarios ejerzan su función legislativa y se avengan a corregir los aspectos más dañinos de este Proyecto de Ley, estableciendo las modificaciones que la ley necesita en favor de la creatividad, la industria y la capacidad de nuestro país de mantener cierta soberanía en materia cultural, lo que en absoluto resulta incompatible con la apuesta por un Hub audiovisual que sin duda es una oportunidad económica y estratégica que valoramos positivamente.